La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, adelantó acciones operacionales contundentes en los municipios de San Roque y Remedios (Antioquia), logrando la afectación directa de unidades de producción minera ilícita y debilitando las estructuras delincuenciales que se lucran de esta actividad ilegal.
En la vereda Guacas Arriba, municipio de San Roque, se desarrolló una actividad operacional orientada a contrarrestar la explotación ilícita de minerales, que permitió la intervención de cuatro unidades de producción minera. Durante el procedimiento se logró la destrucción e inutilización de cuatro dragas tipo buzo y ocho motobombas, elementos empleados para la extracción ilegal de minerales en fuentes hídricas de la región.
De manera paralela, en la vereda Otu, municipio de Remedios, se adelantó una nueva intervención que permitió afectar dos unidades de producción minera, mediante la destrucción de seis dragas tipo buzo y doce motobombas, consolidando la presencia institucional y el control territorial en esta subregión del departamento.
“Estas acciones representan una afectación económica significativa a las estructuras dedicadas a la minería ilegal, con elementos incautados e inutilizados avaluados en aproximadamente $226 millones de pesos, debilitando su capacidad logística y operativa para continuar desarrollando esta actividad ilícita”, informó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.
La explotación ilícita de minerales genera graves afectaciones a los ecosistemas, especialmente a las fuentes hídricas y a la capa vegetal, debido al uso indiscriminado de maquinaria mecanizada y sustancias contaminantes. Con estas intervenciones, la Policía Nacional contribuye de manera directa a la protección de los recursos naturales, la prevención del daño ambiental y la defensa del patrimonio ecológico del nordeste antioqueño.
Los procedimientos fueron realizados en el marco de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), dejando las actuaciones a disposición de las Inspecciones de Policía de los municipios correspondientes, garantizando el respeto por el debido proceso y la legalidad de las actuaciones.
La Policía Nacional reafirma su compromiso con la lucha frontal contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, el debilitamiento de las economías criminales y la protección del capital natural del país, mediante acciones articuladas, sostenidas y focalizadas que buscan garantizar la seguridad ambiental, la legalidad y el bienestar de las comunidades.
