La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y con el apoyo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), logró la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda San Pablo de Caney, zona rural del municipio de Guadalupe (Antioquia), con una capacidad de producción superior a dos toneladas semanales.
Las labores de investigación permitieron establecer que este complejo cocalero pertenecía a una organización criminal independiente de alcance transnacional, la cual articulaba esquemas de outsourcing criminal con el GAO-r 36 (Bloque Magdalena Medio – Gentil Duarte), bajo el mando de alias “Chéjo” o “Alejandro”.
El estupefaciente producido era transportado por vía terrestre, mediante la modalidad de caleta en camiones, y posteriormente enviado por vía marítima, utilizando lanchas tipo Go-Fast desde La Guajira, con tránsito hacia Centroamérica y destino final en los Estados Unidos de América.
Durante la intervención se logró la destrucción controlada de los siguientes elementos:
- 2.700 kilogramos de clorhidrato de cocaína
- 792 galones de acetona
- 158 galones de thinner
- 84,5 galones de hidrocarburos (gasolina)
- 50 kilogramos de soda cáustica
- 20 galones de ácido sulfúrico
- 01 planta eléctrica industrial con 02 transformadores
- 13 hornos microondas
- 01 “marciano”
- 02 “gusanos” o resistencias
- 02 prensas para molde
- 01 prensa hidráulica
- 01 prensadora al vacío
Con esta operación se impactan de manera directa las cadenas de suministro del narcotráfico transnacional y el sistema de producción de drogas ilícitas, generando un golpe a las finanzas y a la logística criminal, estimado en 99,4 millones de dólares (USD).
Estas acciones refuerzan la presión sostenida del Estado colombiano, en articulación con sus aliados internacionales, contra las redes del narcotráfico, especialmente aquellas que conectan la producción nacional con rutas hacia Centroamérica y Estados Unidos. Asimismo, ratifican el compromiso institucional en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional.
